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domingo, 8 de enero de 2012

Indígenas y petroleras suscriben primer acuerdo en América Latina


Las ONG han logrado que transnacionales petroleras y “naciones” indígenas suscriban en Bolivia un primer acuerdo de espaldas a los Estados de la región. Un comunicado de la Asamblea del Pueblo Guaraní en Itika Guazú (APG IG) considera que el convenio firmado por los guaraníes del departamento de Tarija con Repsol, British Gas y Total E&P “es el primero de esta naturaleza firmado en América Latina con una empresa multinacional petrolera y que, por tanto, esperamos que tenga repercusiones en las prácticas de la industria petrolera, siendo también un aporte específico y concreto a las reivindicaciones de las comunidades indígenas bolivianas y latinoamericanas. Este comunicado tiene la finalidad de cumplir con los principios de transparencia financiera o corporativa y debe servir como notificación a los efectos legales oportunos”. El comunicado, expedido el 15-III-11, lleva las firmas del directorio de la APG IG.

Al Acuerdo entre la Asamblea y la española Repsol, se sumaron la inglesa British Gas y la francesa E&P, las que operan en los mega campos de gas que tiene Bolivia en su frontera con Argentina. El comunicado da cuenta que en marzo de 2011 se dio comienzo a la actividad financiera del “Fondo de Inversión Itika Guazú”, que contará con una inversión de 14.8 millones de dólares, cuya duración será de diez años renovables. Explica que los fondos fueron depositados en el Banco do Brasil, el que ha aceptado ser gestor del Fondo, lo que permitirá contar con su asesoramiento financiero a largo plazo. Añade que el uno por ciento de la suma citada (alrededor de 135.000 dólares-mes), beneficiará mensualmente a los guaraníes de la zona, el que será invertido en programadas de salud, educación y vivienda. Puntualiza que el Acuerdo, cuyos detalles aún no se conocen, fue aprobado por la Asamblea el 01-XII-2010 y firmado en acto público ante notario, el 29-XII-2010. Todo parece indicar que la suma citada será cobrada al Estado, a título de “costos recuperables” a las que las empresas tienen derecho en la actividad petrolera.

Se destaca que el asesoramiento a los guaraníes para la implementación del Acuerdo, así como la negociación financiera ha sido dirigida por el argentino-español Gregorio Dionis, presidente de la ONG Nizkor, que opera en 40 países, cuyas oficinas principales están en España, Bélgica y EEUU. Advierte que el equipo Nizcor está especializado en derecho mercantil y financiero internacional, así como en derecho indígena. La APG IG designó en la referida Asamblea a un “Consejo de Sabios” para recibir los informes de la ONG. La cooperación APG IG y Nizkor se basa en el reconocimiento jurídico de los usos y costumbres ancestrales, así como en el derecho internacional en su vertiente de derecho indígena.

El convenio, pese a su supuesto carácter público, fue mantenido en reserva hasta que el representante tarijeño en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luís Lafuente, hizo saber que los guaraníes se oponen a la ampliación del gasoducto Villa Montes (lugar de los megacampos). Dejó constancia que el acuerdo había sido suscrito de espaldas a YPFB y al gobierno de Evo Morales y que vulnera la nueva Constitución Política del Estado (NCPE), la que, pese a su carácter indigenista, prescribe que YPFB es la única empresa facultada para ocuparse de la producción y comercialización de hidrocarburos y que no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o indirectamente (Artículo 361).

Por su parte, la autoridad denominada “Defensor del Pueblo de Tarija”, Andrés Tablada, advirtió que había surgido en el país una especie de “Super Estado”, ya que no le permitieron ingresar a la zona en que habitan los guaraníes, por no haber obtenido previamente una autorización de la APG. Los hechos descritos fueron informados por el periódico “El País”, de Tarija, en sus ediciones del 8, 9 y 12 de diciembre, en las que publicó declaraciones de Lafuente y Tablada, lo que motivó una dura reacción de Gregorio Dionis, quien exigió que se le envíe la lista de los propietarios de “El País” y de quienes publican anuncios en ese medio, para después añadir que los guaraníes estaban recibiendo “ataques racistas”, que desconocen los derechos indígenas. El resto de medios de comunicación, oficialistas y opositores, no se han ocupado, hasta ahora, de tan importante tema.

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