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Por Alejandro Bercovich.
El siniestro de ayer en la estación de Once volvió a poner la lupa sobre el esquema de administración de los trenes de Capital y el Gran Buenos Aires, que se mantiene vigente desde las privatizaciones de los ’90, con los subsidios que agregó el kirchnerismo para evitar que la suba de los sueldos de los ferroviarios se trasladase al boleto. Esos subsidios, como ocurre con los colectivos, se pagaron sin los controles que dispone la ley sobre las frecuencias y las inversiones de las concesionarias, gracias a la vigencia de la “emergencia ferroviaria” desde 2002. (...)
Los datos de Planificación reflejan que en diciembre, pese a todas las denuncias, TBA recibió $29,4 millones del fisco. Y en enero, $76,9 millones, sólo a través del Sistema Integrado Ferroviario (SIFER). La UGOFE, que opera la línea Roca y donde también participa Cirigliano, embolsó otros 66 millones.
Las concesionarias de trenes no sólo recibieron casi sin controles los subsidios que pidieron durante los últimos años, sino que engrosaron además sus ganancias mediante la aplicación de esos fondos a una suerte de “bicicleta financiera”. Fuentes del sistema bancario explicaron a BAE que la división financiera de Cirigliano, Favicor, cobra los subsidios del Estado y los deposita habitualmente en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de varios bancos privados, con la excusa de salvaguardarlos de la inflación. En la medida en que necesita el dinero luego lo retira, pero tras cobrar los intereses por la “inversión”.
Fuente: Diario BAE

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